[ ESPAÑOL ] [ ENGLISH ] [ MORE... ]
 
 

Aún cuando Paz y Esperanza se ha convertido en una organización internacional, su nacimiento tuvo lugar en el Perú. En 1980 el Perú empezaría a vivir una sangrienta época de violencia política. Las acciones terroristas del “Partido Comunista del Perú Sendero Luminoso” y el “Movimiento Revolucionario Túpac Amaru” propiciaron una ola de violencia sin precedentes en el país. Pero por otro lado, las acciones antisubversivas ejecutadas desde el Gobierno central acrecentaron el terror y la violación de los derechos humanos, afectando especialmente a ciudadanos y ciudadanas, cuyas comunidades fueron devastadas.

Fue la gente más pobre, la que vivía en pequeñas comunidades en los Andes, que estuvo entre el fuego cruzado de los terroristas y las fuerzas del orden. Muy pronto las estadísticas mostrarían la terrible situación de muerte y destrucción: miles de asesinados, desaparecidos, desplazados, torturados, presos y amenazados. Pero, esta época también da cuenta de gestos, compromisos y coraje de miles y miles de peruanos y peruanas que decidieron enfrentar a la violencia terrorista y denunciar la violación de los derechos humanos de manera pacífica. En medio del conflicto, se afirmaron y re-afirmaron vocaciones y compromisos de jóvenes profesionales provenientes de distintas universidades.

 

Es en ese contexto que desde 1984 sectores evangélico-protestantes seinvolucran directamente en la defensa y promoción de los derechos humanos de las personas que sufrían los embates del terror. En enero de 1996 un pequeño grupo de seis profesionales decidió formar Paz y Esperanza, dando continuidad a la labor pionera que realizó el Concilio Nacional Evangélico del Perú (CONEP).

Poco a poco, Paz y Esperanza se edificó sobre la motivación, compromiso cristiano y larga experiencia de sus integrantes, desarrollando programas de atención a personas encarceladas, víctimas del conflicto armado, educación en derechos humanos y facilitando para que las iglesias se involucren más en el acompañamiento a los y las pobres.

Actualmente Paz y Esperanza ha logrado un impacto local, regional y nacional en Perú, donde es reconocida como una de las instituciones líderes en su campo de acción. Ha diversificado su temática para incluir una mayor variedad de actividades que apoyan su compromiso cristiano de aportar al desarrollo integral de la sociedad peruana. Asimismo, estamos adquiriendo un papel más importante en la zona andina de América del Sur, contribuyendo al fortalecimiento de capacidades, especialmente de los sectores vinculados a las iglesias, en áreas como: derechos humanos, ciudadanía/ejercicio del poder; justicia y reconciliación; educación sexual cristiana; defensa de niños, niñas y mujeres abusadas; reformas legales, vigilancia del sistema judicial; defensa y promoción de los derechos de los pueblos indígenas.

 

Una preocupación del liderazgo de nuestra organización, desde su fundación, fue conocer y conectarse con experiencias afines de ministerios protestantes de otros países de Latinoamérica y del mundo. El propósito de Paz y Esperanza era lograr consolidar una red de organizaciones involucradas en la promoción de la justicia social y los derechos humanos, que compartan buenas prácticas y que animen a las comunidades de fe en otros países para que trabajen a favor de los derechos.

Como parte de este reto, asumimos la representación de la campaña de incidencia denominada DESAFIO MIQUEAS para Latinoamérica. Posteriormente, desde 2002 apoyamos a la coordinación de RED MIQUEAS Latinoamérica.

Además de nuestras oficinas regionales en Perú (San Martín, Huánuco, Ayacucho, Andahuaylas y Lima), hemos extendido nuestro accionar fuera del Perú. En tal virtud, Paz y Esperanza tiene una presencia activa en Ecuador (Guayaquil) y Bolivia (Santa Cruz). De igual modo, contamos con oficinas internacionales de enlace, una con sede en USA y otra en el Reino Unido.

En la actualidad, Paz y Esperanza quiere contribuir a que muchos otros se comprometan a tratar tanto las causas como los efectos de la injusticia. Eso significa atender directamente a las personas, pero sin dejar de influir en las políticas públicas y en las autoridades que las dan o aplican.